Everything about Extradición México España
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b) Si la Parte requerida estima que el cumplimiento de la solicitud atenta contra su orden público.
El laberinto sin fin que es el caso AMIA volvió a tomar un giro inesperado tras la llegada al poder de Cristina Kirchner en 2007.
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Que exista un tratado de extradición o una convención internacional en la que ambos países sean signatarios
Imprime la página completa La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.
Una vez que se ha revisado la solicitud y se han cumplido los requisitos para la extradición, el proceso judicial puede comenzar. En España, el procedimiento se lleva a cabo ante la Audiencia Nacional, mientras que en México se lleva a cabo ante un juez federal.
Sin embargo la obligación señalada no es absoluta pues siempre el estado requerido conserva la facultad soberana de no conceder la ex-tradición si de acuerdo a su legislación interna no se cumplen los requisitos establecidos para tal efecto.
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En principio, la extracción activa es el procedimiento por el que un país solicita a las autoridades de otro que le envíen a personas que han escapado de la justicia, pero en la weblink práctica se trata de una materia lawful mucho más compleja.
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b) Authentic o copia auténtica de sentencia condenatoria, orden de aprehensión, car de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación de la parte requirente y de la que se desprenda la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado.
Ello salvo que el tratado vigente con el Estado en el que se encuentre la persona investigada pueda solicitar directamente la Source extradición al Tribunal o juez que conoce de la causa.
Así, pese a que España forma parte de la Unión Europea y de que existen las llamadas euroórdenes que facilitan el proceso de entrega de prófugos en el terreno comunitario, sus peculiaridades han saltado a la vista en las peticiones contra los antiguos miembros del Govern catalán que se exiliaron para evitar ser procesados por el referéndum de 2017 denegadas por Bélgica, Alemania, Escocia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.